(Imágen: "El Descamisado Gigante expulsado de la Cuidad". Daniel Santoro)
Las medidas anunciadas a través de la cartera de Trabajo por el gobierno popular son trascendentes y trazan un rumbo definido.
A través del Decreto Nro. 14/2020, el gobierno popular puso en marcha la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En Conferencia de Prensa, el ministro Carlos Moroni, anunció el pasado viernes 3 de enero la promoción de un AUMENTO SALARIAL para todo el sector privado (aquel que rige la Ley de Contrato de Trabajo). Dicho aumento consta de una suma total de 4 mil pesos a pagar en dos tramos; el primero en enero ($3.000) y el segundo en febrero ($1.000). Se trata de una remuneración fija remunerativa para todas las escalas salariales que apunta, por sobre todo, a ponerle un "piso" a la discusión paritaria de cara al 2020, de manera que aquellos sectores más postergados en la escala salarial puedan gozar de un aumento digno.
A diferencia de los rumores que afirmaban que dicha cifra se trataría de un "bono" a pagar por única vez, el ministro aseveró que "esto no es un bono; esto es un incremento salarial que se mantiene. Si la comisión paritaria no negocia un valor mayor, se seguirá aplicando este convenio". Según Moroni, con este aumento, "1 millón trescientos mil trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido durante 2019. Estamos hablando del 20% de la totalidad de los trabajadores. En las categorías más bajas de los gremios, las de mayor cobertura, estamos hablando de un aumento real de entre el 7% y el 20%. En 10 de los 25 convenios colectivos de mayor alcance de cobertura, es decir de mayor cantidad de personal, la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido durante 2019". Tiempo después, se anunciaría un aumento de similares características para las trabajadoras y trabajadores del sector público.
Dichas medidas apuntan tanto a la recomposición salarial de la Clase Trabajadora -con especial atención en los sectores humildes- como a dinamizar la actividad económica, promoviendo el consumo de las grandes mayorías nacionales, impulsando así la demanda de producción local. De esta forma, se espera redistribuir tan sólo entre los trabajadores/as activos/as del sector privado más de 20 mil millones de pesos. Asimismo, con motivo de cuidar la Pequeña y Mediana Empresa -mayor productora de empleo del país-, la medida señala la eximición de los empleadores del pago de contribuciones patronales sobre las sumas mencionadas.
Los anuncios del gobierno han traído principalmente alivio a un sector considerable de la Clase Trabajadora. Insuficiente a la vista, el aumento de $4.000 es, sin embargo, un soporte sólido para los depreciados salarios de las familias más humildes del país. Desde el inicio de su gestión, Alberto Fernández tomó las medidas necesarias para frenar la sangría. La "doble indemnización" por despidos, los bonos de emergencia para jubilados/as con haberes mínimos y titulares de AUH, la baja en tasa de interés y suspensión del cobro de cuotas hasta marzo de los créditos ANSES, la disminución del 8% y paralización de aumento en precios de medicamentos, el congelamiento temporario de tarifas en servicios públicos, la Tarjeta Alimentaria que proporciona a los excluidos la posibilidad de resolver el flagelo del hambre y la reactualización del programa PRECIOS CUIDADOS, entre otras tantas medidas, se orientan en dicho objetivo. En sintonía con el espíritu de la recientemente aprobada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el aumento salarial propone un piso básico para la discusión paritaria de los asalariados, principales víctimas del régimen oprobioso culminado el 10 de diciembre de 2019.
En el período Cambiemos, los salarios fueron victima crónica del ajuste. En los últimos años, los salarios cayeron notoriamente ante la inflación desenfrenada, los aumentos tarifarios y la incontrolable devaluación de la moneda nacional. En 4 años de gestión liberal oligárquica, las trabajadoras y trabajadores perdieron alrededor del 20% de su poder adquisitivo. A contramano, las multinacionales, los grandes consorcios capitalistas y –por sobre todo–, la Oligarquía Pampeana se enriquecieron obscenamente. Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, los trabajadores Textiles perdieron entre 2015 y 2019 más del 38% de su poder adquisitivo; los Estatales y trabajadores/as de Prensa, más del 35%; los Metalúrgicos, 22%; los del Comercio, más del 21%; los de la Alimentación, más del 20%; los Docentes, casi el 20%; los de Sanidad, más del 17%; los de la Construcción, casi el 12%; etc. En cuanto a las y los jubilados, la perdida se encuentra por encima del 20%.
La frialdad de la estadística impide apreciar la verdadera dimensión de lo que podemos llamar un auténtico genocidio social que arrastró a millones de compatriotas al ostracismo. En este sentido, la necesidad de apuntar a la reactivación económica implica imperiosamente una potente intervención del Estado Nacional, sus pares provinciales y municipales en función de sostener y ampliar el poder adquisitivo de las grandes mayorías. Ante la pavorosa carestía de la vida heredada del régimen oligárquico, surge la necesidad de estudiar en profundidad los costos de vida de cada sector en particular y del conjunto de las actividades en general. Para ello, el gobierno popular deberá generar los instrumentos afines a la organización de un organismo nuevo, orientado específicamente al análisis de esta materia. La crisis heredada implica ciertos grados de austeridad. Más dicha conducta deberá ser cumplida solamente por quienes puedan gozar de los beneficios suficientes para su cumplimiento. Los costos de vida para un trabajador no son homogéneos. Existe, tanto en términos geográficos como en términos de actividad, una gran heterogeneidad en materia de costos que deben ser estudiados cuidadosamente para reducir al mínimo indispensable los errores en materia de políticas públicas orientadas al salario. Las funciones del actual Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo resultan estériles para esta tarea. En tal sentido, el país requiere de un organismo específico para “organizar los elementos necesarios para poder establecer un equilibrio perfecto entre el costo de la vida y los salarios” (J.D. Perón. Discurso en la CGT. Año 1973).
Surge entonces de retomar las bases del viejo Instituto Nacional de las Remuneraciones (INR), actualizarlo en función de la realidad del momento en que vivimos y dotarlo de las herramientas necesarias para que sus objetivos sean cumplidos con la mayor celeridad posible. Un instituto compuesto por profesionales con profundas convicciones de dignidad y vocación de justicia, con el acompañamiento y participación activa de las organizaciones sindicales y de la Economía Popular, las únicas entidades capaces de expresar fielmente los padecimientos que aquejan a sus representados.
La dignidad del Pueblo y el crecimiento económico de la Nación dependen directamente del trabajo y el consumo de las masas. Por tal motivo, el Mercado Interno ha sido una de las principales víctimas de las fuerzas reaccionarias de ayer y de hoy. Todo se resume al trabajo.
El nuevo Instituto deberá tener como función final la distribución equitativa de la riqueza, hoy en manos de los privilegiados del período anterior. Deberá tener entonces la capacidad de asesorar al Ejecutivo en materia de costos de vida y salarios, empleando la georreferenciación; contemplando los salarios según actividad, rama y profesión; respetando las realidades de las trabajadoras y trabajadores pasivos, entre otros puntos. Deberá, entonces, ser considerado como un Servicio Público de orden social –tal como lo fue el viejo INR– y contar con el concurso activo de los sindicatos a fin de que éstos ejerzan el control y la regulación de las actividades y políticas que el Instituto lleve adelante.
Situaciones urgentes requieren medidas urgentes. El aumento anunciado por el gobierno nacional se encuadra en este rumbo. Más la redistribución de la riqueza en la Argentina requiere de una planificación perdurable, por fuera de las urgencias coyunturales como la que actualmente aqueja al Pueblo argentino. Decía el Derecho 2° del Trabajador, consagrados en la histórica Constitución Nacional de 1949, que “Siendo la riqueza, la renta y el interés del Capital frutos exclusivos del trabajo humano, la Comunidad debe reorganizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado”. Retomar el espíritu de esta concepción humanista es menester; ejecutarla en términos de políticas públicas concretas, una obligación moral.
Camilo Porto Rojas | Línea Nacional Popular
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