En la Argentina muere un trabajador o trabajadora cada 20 minutos, en empleo registrado, según la SRT (superintendencia de riesgos del trabajo), pero si convenimos que el 40% de los trabajadores son informales, podemos multiplicar dicha cifra por casi dos, lo cual nos indica que dos trabajadores mueren por día, en una estadística de 750 mil de llamados “accidentes de trabajo” anuales. Las comillas corresponden a que no existen los llamados accidentes, sino que son falta de inversión, capacitación, conducción empresaria, falta de provisión de elementos de protección, no ajustarse a la firma de los convenios internacionales con la OIT (organización internacional del trabajo) y convivir con leyes en Higiene y Seguridad en el trabajo de la época de la dictadura de Lanuse y reglamentada por el genocida Videla.
Dichas estas frías cifras, que esconden dramas humanos de jóvenes de ambos sexos, muertos y lesionados de por vida por ir a trabajar, ampliemos el contexto en el cual se produce esta invisibilización del drama cotidiano escondido por la prensa y el poder económico.
Desde la dictadura militar, pero más precisamente en los años 90, el Banco Mundial exigió a los gobiernos democráticos que “había permitido” bajo el amparo del Consenso de Washington, es decir democracia, pero sólo con Mercado como ordenador social, avanzar sobre los sistemas solidarios, imponiendo el lucro a través del descreme, es decir llevarse el universo de jóvenes, mejores salarios y sanos a los sistemas individuales de capitalización con las AFJP, ley 24.241 e imponer la privatización de la preservación de la salud de los trabajadores, al colocarlas en las ART, compañías de seguro con fines de lucro, que además financian al estado que las debe controlar a través de la SRT, por la ley primigenia 24.557.
Ambas leyes se sustancian en Comisiones Médicas que evalúan las incapacidades producidas por los eventos relativos al trabajo, las enfermedades profesionales y el sistema de jubilación por invalidez, todo ello dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. La salud, bien gracias. El Ministerio de Salud ausente de la base de datos de las enfermedades prevalentes de la invalidez en la Argentina. Una joya neoliberal.
Por supuesto esta situación fue apuntalada por el macrismo, ya que para el neoliberalismo el salario es un costo y el trabajador un elemento descartable y barato. Las ART rechazan administrativamente la mayoría de las denuncias, desalentando a los trabajadores, que por miedo a perder sus trabajos dejan de reclamar. Se atienden en su Obra Social y desfinancian las mismas, mientras las ART hacen caja en el sistema financiero, como sabemos con datos certeros de las posiciones en el mercado de capitales de las mismas, que recaudan 15 mil millones de pesos por mes, al cobrar entre el 3% y el 6% de la masa salarial del país según el riesgo profesional.
En cualquier país del mundo que lleve estadísticas laborales, sabrá que las enfermedades profesionales son del 3 al 5% de las denuncias, en nuestro país, gracias a los Baremos (tablas indicativas de incapacidades) neoliberales, las denuncias por esas patologías no llegan al 0,4%, es decir sub registro, ocultamiento, rechazo, desprecio por el trabajador.
Pero lo dramático es que la situación se prolonga en tiempos de gobiernos nacionales y populares, no sólo manteniendo la estructura perversa de las ART y su combinación con la SRT al financiarla, sino que su dependencia del Ministerio de Trabajo indica que su concepción cultural, sigue siendo la del costo laboral y no del cuidado de la salud de los trabajadores. Neoliberalismo de manual, atacar las leyes laborales y previsionales, transformando los sistemas en entes de lucro financiero, junto a las prepagas, destruyendo el sistema solidario de Obras Sociales Sindicales, Provinciales y el PAMI. Banco Mundial de los 90 financiando la desregulación de las OOSS, la gerenciación externa del PAMI y propiciando la ley de prepagas. Todo lucro, nada de solidaridad, mucho menos de amor al prójimo.
Entonces revisar y estudiar como sacudirse esas imposiciones, cambiar la cultura del costo por la protección, proteger los sistemas solidarios, evitar los llamados accidentes que arrojan decenas de miles de trabajadores a la Seguridad Social por incapacidades severas, es responsabilidad del Estado, con compromiso social, que no ceda a la extorsión combinada del sector financiero del lucro fácil y de los empresarios voraces por la baja de los costos, colocando a los trabajadores, de rehenes de la macro economía.
JORGE RACHID
PRIMERO LA PATRIA
www.lapartiaestaprimero.org
CABA, 13 de enero de 2020
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