Aproximaciones al respecto de lo Público, lo Privado y la Autogestión trabajadora
Por: Camilo Porto Rojas | LNP - CEL
Dedicado a Horacio Rubén Fernández.
Querido compañero y familia.
Hombre del Estado y la Energía.
A modo de introducción de trabajos futuros (que naturalmente publicaremos en nuestra Línea Nacional Popular - LNP) podemos decir que, en paralelo con la recuperación del tejido social, la producción y el trabajo, las argentinas y argentinos debemos tomarnos el tiempo de pensar la cuestión de los Servicios Públicos.
Charlando en profundo con muchos compañeros, hemos podido concluir que existen dos miradas en derredor del tema: una estratégica, ligada al interés nacional; otra relacionada con el rol social que deben constituir los servicios públicos en términos de dignidad. En la periferia, ciertos sectores de la izquierda cosmopolita practican una retórica principista en derredor de los servicios, alegando que los mismos deben ser "nacionalizados y entregados a sus trabajadores". Más al centro, mientras algunos círculos del Movimiento plantean la necesidad de recuperar los servicios a manos del Estado para volcarlos en beneficio del desarrollo industrial, otros adoptan un perfil más ligado a la defensa de los derechos del usuario. En paralelo, existen sectores que entienden que la discusión "estatal/privado" carece de sentido, ya que existen marcos regulatorios que, de aplicarse adecuadamente, los servicios funcionarían adecuadamente.
Más allá de los flancos débiles de cada postura, comenzaremos por no descartar ninguna. Lo que sí podemos aseverar es que prácticamente la totalidad de las entidades empresariales privadas de carácter multinacional no solamente han demostrado ser categóricamente incompetentes en sus áreas, sino que a su vez han prestado un indisimulado servicio a la causa de la recolonización del país. En efecto, las empresas de servicios han actuado como meros parásitos radicados en nuestro país cuya única función ha sido la repatriación de activos hacia sus empresas matriz. Amparados por una espesa red de compendios normativos que actúan de soporte legal del vasallaje, han obrado como verdaderos parásitos transfiriendo los ahorros del Pueblo trabajador hacia el extranjero.
Podemos decir que existen actualmente tres visiones importantes: la “Privatista”, la “Estatista” (entre estas dos primeras, existe un punto intermedio que es la visión del Sistema “Mixto”) y la “de Autogestión Obrera”.
PRIVATISMO, ESTATISMO Y AUTOGESTIÓN OBRERA
El sistema privatista –actualmente vigente– sostiene la idea de que, ante la inaptitud presunta del Estado en su rol empresarial, debe ser el sector privado quien, a través de un marco normativo regulado, gestione los servicios públicos. De esta forma, el Estado “ahorraría” en recursos humanos y materiales, suprimiría el déficit que suponen los servicios y cumpliría con sus obligaciones a través de la correcta “regulación” de los éstos. La historia demostró que dicho sistema, en el mejor de los casos, fracasó.
Nota de ello tomaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quienes con la nacionalización y estatización de las empresas de Agua y Saneamiento, YPF, Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos entre otras, así como la creación de nuevas entidades, nivelaron relativamente el sistema de servicios convirtiéndolo en mixto. Sin embargo, la monopolización de los principales resortes estratégicos en manos de consorcios internacionales impidió el desarrollo de una política nacional soberana en materia de servicios: el gas, la electricidad, las telecomunicaciones, entro otros servicios permanecieron en manos de las Multinacionales. Previo a la Ley “Dromi” –actualmente vigente–, el Estado Nacional ostentaba un formidable rol empresarial heredado del período 1946-1955 y desarrollado aún hasta 1976. La energía, la Industria Naval Marítima, las telecomunicaciones, señales radiales y televisivas, la industria hidrocarburífera, los ferrocarriles, el servicio Agua, el Transporte Aéreo, la banca, la producción minera, la industria química, la comercialización y exportación de Materia Prima, entre otros sectores tenían participación parcial o monopólica del Estado. Ante el abandono del papel histórico de la Clase Burguesa en el desarrollo nacional, el Estado Justicialista adoptó el rol empresarial vacante, avanzando hacia un desarrollo industrial de envergadura por medio de las empresas del Estado. En materia de Servicios Públicos, la Constitución Nacional de 1949 determinaba:
“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotaci6n. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiaci6n con indemnizaci6n previa, cuando una ley nacional lo determine”.
La visión estatista en materia de servicios públicos fue preservada parcialmente por los gobiernos oligárquicos tras el golpe cívico militar de 1955. A pesar de los altos niveles de extranjerización de la economía, el sistema estatal de servicios perseveró e incluso se expandió módicamente. Tras el golpe Cívico Militar del año 76’, el rol empresarial del Estado Nacional fue abandonado completamente para dar paso a la venta de las empresas del Estado al Capital Extranjero. La “ineficiencia” del Estado en la gestión de las mismas fue el pivote desde el cual la reacción liberal oligárquica justificaría el desguace de la enorme potencia estatal de la Nación Argentina. Un nuevo “Estatuto Legal del Coloniaje” se forjaría en pos de restringir la influencia del Estado en los servicios públicos. Éstos serían controlados por un puñado de naciones europeas en aras de obtener una renta vitalicia sin mayores gastos.
EL CASO DEL SERVICIO ELÉCTRICO
Tal es el Caso del Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), propietaria de la distribuidora eléctrica EDESUR creada mediante la Ley 24.065 en el marco de la Reforma del Estado a principios de la década del 90’.
ENEL, cuyo principal accionista es el Estado Italiano, es la 56° empresa en el mundo por volumen de ventas (con 73,1 mil millones de euros) y una capitalización en la bolsa de más de 39 mil millones de euros. Generadora y distribuidora de Energía Eléctrica, opera en casi 35 países en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África. En el “viejo mundo”, ostenta el primer lugar por número de clientes, y el segundo por capacidad instalada. Como hemos señalado, a diferencia de su filial argentina, además de la distribución, ENEL opera en la generación de la energía; se desempeña en actividades de investigación y desarrollo energético; incorpora tecnología y conocimiento científico orientado al desarrollo del sector en función de las necesidades del mercado.
En síntesis, ENEL desempeña funciones equivalentes a las que el Ente Nacional de Energía (ENDE) peronista intentó desarrollar hasta su desarticulación tras el golpe de 1955. En la Argentina, ENEL controla porciones considerables del territorio de la CABA y Provincia de Buenos Aires. Es, a través de EDESUR, la segunda entidad empresarial con mayor cantidad de usuarios en el país. Si bien, el papel desempeñado por la empresa en Italia adquiere dimensiones interesantes para esta nación, en la Argentina ha subordinado a los bonaerenses y porteños al más salvaje vasallaje energético. En su función política, ENEL ha sido enemigo confeso de las gestiones nacional-populares, operando indisimulablemente contra éstas. La radicación de ENEL ha representado y representa un riesgo para los intereses de la Nación. La experiencia 2003 – 2015 en materia regulatoria demuestra que la normativa vigente resulta estéril a la hora de controlar el accionar de ésta y otras multinacionales.
LOS OBJETIVOS CULTURALES DEL PRIVATISMO Y LA TRAMPA DEL SISTEMA MIXTO
Objetivo o impericia, lo cierto es que la gestión privatista de los servicios públicos ha sido por demás deficiente. Más la guerra cultural desatada desde los albores del último proceso cívico militar contra la visión estatista configuró en vastos sectores de la población un desprecio profundo por todo aquello que sea “nacional”, “público”, “estatal”. Dicha guerra modificó las formas simbólicas existentes previas al golpe, cuando “Estado” significaba precisamente “eficiencia”, configurando un sólido y –hasta ahora– inmodificable sentido de desprecio hacia el Estado y sus trabajadores. Tal es, entre otros motivos, la imposibilidad que padeció el gobierno popular 2003-2015 para avanzar con la nacionalización de ciertos servicios. El blindaje normativo del privatismo fue otro obstáculo complejo. Supuso en su momento la venta a Precio Vil de las empresas del Estado al Capital Trasnacional; supone actualmente un impedimento económico de envergadura para un Estado vaciado como el heredado del período macrista si se pretende recuperarlas. Más el problema central a resolver es precisamente el cultural, habida cuenta del grado de colonización pedagógica que se debe revertir.
La prensa cipaya, los programas de estudio de nivel medio y superior, las instituciones político partidarias, el sistema mismo ha predicado durante más de casi 45 años contra la visión estatista, calificándola de “anacrónica” e “ideologizada”. La clave está, precisamente, en revertir la ecuación: no existe visión más anacrónica e ideologizada que el Privatismo, en tanto sólo una fe mesiánica –más religiosa que técnica– puede aseverar objetivamente que la continuidad del sistema privado y extranjerizante de servicios públicos signifique beneficio alguno para la Nación.
Por otra parte, el sistema “mixto”, aunque inmensamente mejor que el monopolio de las privatizadas, presenta flancos débiles notorios. Mientras el sector privado esté en manos del Capital Extranjero, la gestión de los servicios públicos seguirá ejerciéndose fuera del país, y por tanto, en beneficio de sus dueños foráneos. Por el grado de correlación de fuerzas entre el Estado Nacional y las empresas ligadas al Capital Trasnacional, la condición “híbrida” entre el sistema Estatal y el Privado termina por perjudicar al primero, en tanto el conjunto de las instituciones del orden liberal operarán siempre en beneficio de una de las partes. La ilusoria “estabilidad” entre lo público y lo privado en materia de servicios públicos sólo se alcanzará en tanto y en cuanto el marco regulatorio sea modificado de raíz, nutriendo al Estado del poder necesario para poder intervenir en los desequilibrios de manera efectiva. Más aun así el problema político que supone la posesión de los servicios por parte del Capital extranjero no encuentra resolución definitiva. A través del manto engañoso de los “negocios”, las multinacionales seguirán operando en contra de las fuerzas nacional populares, impidiendo el desarrollo pleno del país.
LA “AUTOGESTIÓN OBRERA” EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO. EL EJEMPLO DE S.E.G.B.A.
Una de las concepciones a la que no solemos referirnos es la de la “Autogestión Obrera”. Hablar del control obrero de las empresas de servicios nos lleva irremediablemente a pensar en el infantilismo izquierdista de los grupúsculos autodenominados “trotskistas”. ¿Cuántas veces hemos escuchado la proclama “Nacionalización de los servicios bajo gestión de trabajadores y usuarios”? El trotskismo moderno porta en cuanto a servicios una concepción profundamente principista, al margen de la realidad histórica que los circunda. No existe para ellos correlación de fuerzas, incapacidad de un Estado semicolonial para hacer frente a las demandas supranacionales, impedimentos políticos al interior de un movimiento para avanzar sobre determinadas conquistas, subjetividades de vastos sectores medios subsumida a través del Aparato de Colonización Pedagógica de la Oligarquía. Todo se resume a la voluntad política o no de un gobierno de avanzar sobre la “nacionalización de los servicios bajo gestión obrera”. Error de lectura o simple miopía, sea cual sea la razón de la ceguera izquierdista, el trotskismo evita entrar en detalle sobre cómo aplicar los principios programáticos propuestos en cuanto a servicios. Prefiere, por el contrario, lanzar al aire proclamas dotadas de un moralismo asfixiante, sólo tolerable para quienes no pretenden transformar la realidad, sino describirla.
Sin perjuicio de ello, la cuestión de la “Autogestión Obrera” no debe ser discriminada o pensada como un delirio utópico por el Movimiento Nacional. Por el contrario, al igual que otras posturas, debe ser estudiada a fondo. A lo largo del período liberal oligárquico 2015 – 2019, se ha podido observar entre los cuadros sindicales un conocimiento profundo de las áreas a las que pertenecen: ningún técnico o abogado conoce tan en profundidad el sistema energético nacional que las trabajadoras y trabajadores de APSEE (Personal Superior de la Energía Eléctrica); nunca las falencias del sector aeronáutico fueron mejor explicadas que por las dirigencias de las asociaciones de personal aeronáutico en sus distintas expresiones, etc.; nadie ha abordado la crisis financiera producida durante los últimos 4 años que los extraordinarios cuadros de la Asociación Bancaria. Así podríamos nombrar decenas de ejemplos. Este hecho debe ser bien conocido y respetado por la dirigencia política: el abordaje de las problemáticas nacionales por parte de la dirigencia sindical ha sido verdaderamente extraordinaria. Cuenta de ello podrá encontrarse en los comunicados de las organizaciones sindicales pertenecientes a la Corriente Federal de Trabajadores/as de la CGT, a la Central de Trabajadores de la Argentina y a otras expresiones gremiales de relevancia.
Sin embargo, más allá de la sólida representación sindical en el parlamento nacional y en sus pares provinciales y municipales, no existe dirección obrera prácticamente en ningún ministerio, secretaría o área de peso. Esta situación expone una vulnerabilidad de un Movimiento que se vertebra principalmente en la Clase Trabajadora: la Rama Política, a pesar de su escasa participación en la resistencia heroica del Pueblo de los últimos 4 años, continúa hegemonizando los manejos del Estado, en muchos casos con poco o nulo conocimiento de las áreas que debe gestionar.
La Autogestión Obrera en la Argentina ha arrojado diversos resultados. En ciertos casos ha sido aún más exitosa que el sector privado o estatal; en otros, la falta de preparación ha producido duros fracasos. Más lo cierto es que dichas experiencias se han desarrollado al margen de los designios políticos, toda vez que ninguna gestión hasta la fecha ha promovido este tipo de esquema en forma seria. Sin embargo, ha existido un caso paradigmático que merece ser rigurosamente estudiado: el caso de S.E.G.B.A. (Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires).
Comenta el historiador Fernando del Corro que, tras su retorno a la Argentina en 1972, Juan Perón mantuvo una reunión con una delegación de trabajadores de S.E.G.B.A en la cual
“salió el acuerdo para avanzar en la autogestión obrera en la Argentina para lo cual S.E.G.B.A. debía convertirse en la avanzada del proceso. (…) La política autogestionaria en S.E.G.B.A. ya había tenido un prólogo durante la gestión presidencial de Arturo Umberto Illia cuando se incluyó un representante laboral en el directorio de ocho miembros. (…). La propuesta llevada a Perón, y avalada por éste en 1972, representó un salto cualitativo incalculable que hoy debiera ser estudiado e implementado a partir de las empresas públicas como el Banco de la Nación Argentina y recuperadas como el Correo Argentino o AySA. Tras asumir Cámpora, el 20 de junio de 1973, se estableció la autogestión en S.E.G.B.A. y se designó presidente del Directorio al propio Taccone (Luz y Fuerza) a quién acompañaron otros dirigentes sindicales”.
Del Corro asevera que el modo de financiamiento que debía tener la empresa fue decidido en asamblea de trabajadores, resolviendo que el aporte del 1% de los empleados
“más los fondos que se habían acumulado en el BANADE se utilizasen para la financiación de proyectos en beneficio de los 2.675.000 usuarios, los que se vieron beneficiados con una notable mejora que hizo que de 166 días en que no se cubrieron sus necesidades en 1973 en 1975 fueron sólo 14”. Por otra parte, señala que “S.E.G.B.A. representaba por entonces el 50% de la generación y distribución eléctrica en el área, mientras otras empresas y la estatal Agua y Energía aportaban la otra mitad. En ésta también (AyE S.E.) Félix Pérez, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, comenzó a desarrollar un proceso autogestionario que, luego, intentaron implementar sin éxito ante la llegada del golpe cívico-militar del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" otras direcciones sindicales como las de Aerolíneas Argentinas y, en particular, la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales liderada por Diego Báñese. La idea de la autogestión avanzaba en todo el ámbito de las empresas públicas”.
Del Corro señala que la llegada de la Dictadura Cívico Militar en 1976 puso fin a toda experiencia de autogestión obrera que, como hemos visto, demostraba ser una experiencia exitosa en el ámbito estatal. Sin perjuicio de las falencias de la conducción obrera de las empresas del Estado –cuyos contados ejemplos fueron explotados hasta el hartazgo por parte de los críticos del sistema para señalarlo impracticable–, la Autogestión Obrera se muestra como una posibilidad absolutamente factible y eficiente. El alto conocimiento técnico y teórico por parte de la dirigencia sindical argentina en sus ámbitos de actuación, su innegable capacidad de gestión y su experiencia en la administración de recursos los hacen altamente competentes para la conducción de las empresas del Estado. Ninguno de los defectos que pudiera adjudicársele a la gestión sindical es propia de este tipo de asociación; por el contrario, toda organización estatal o privada, desde el manejo de un ministerio hasta la conducción de una entidad empresarial o financiera, padece cualquiera de los vicios que normalmente se adjudican al Movimiento Obrero.
La visión de la Autogestión Obrera en el manejo de los servicios públicos no presenta numerosos adeptos en la Rama Política del movimiento nacional, aunque sí los tiene entre la militancia sindical y social. La predica de los grupos izquierdistas, sumada a cierto dogmatismo estatista que ha adquirido el peronismo en las últimas décadas ha conducido al sector político a pensar la cuestión con cierto prejuicio. Abordar el tema con la seriedad que requiere será una tarea necesaria para los tiempos que vienen, ya que aún en períodos nacional-populares hemos asistido al fracaso de numerosas gestiones en la materia. Esto no quiere decir que la conducción de las empresas del Estado por parte de la dirigencia peronista haya sido peor que las nefastas gestiones liberal-oligárquicas. Es indudable que las primeras han sido incalculablemente mejores que las segundas, habida cuenta del proyecto que orienta cada decisión en el orden gubernamental. Más la incapacidad de ciertas direcciones por el desconocimiento de las áreas gestionadas ha conducido incluso a padecer enfrentamientos innecesarios con los trabajadores y trabajadoras de sus carteras.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Tras 4 años de gestión liberal oligárquica, el sistema de servicios públicos ha eclosionado. La gestión Cambiemos se ha caracterizado por una fuerte impronta clasista y antinacional. Los llamados “tarifazos” aplicados en el conjunto de los servicios públicos (agua, electricidad, gas, trasporte, telefonía, etc.) no reconocen otra inspiración. Los tarifazos significaron, en términos económicos, una descomunal transferencia de riquezas del trabajo argentino hacia las arcas ociosas de las compañías multinacionales. Para ser precisos, durante cuatro años los argentinos y argentinas hemos trabajado en pos de sostener el obsceno crecimiento financiero de empresas de origen foráneo sin retribución alguna. La maniobra vil del gobierno gorila se apoyó en una fuerte campaña mediática orientada a justificar el saqueo por medio de la demonización de los subsidios que los gobiernos populares sostuvieron entre el 2003 y el 2015. Se estableció que los subsidios en servicios públicos empobrecieron a las compañías que los prestaban, provocando un vacío en materia de inversiones y perjudicando así al conjunto de usuarias y usuarios. Tamaña falsedad fue presentada como una verdad absoluta, dogmática. Toda voz que se alzara contra el relato oficial sería impúdicamente ridiculizada. En consonancia con la anulación de los subsidios y los múltiples aumentos tarifarios, el gobierno de Cambiemos condonó millones y millones de dólares que las privatistas debían al Estado Nacional. Entre tanto, los organismos de control ejercieron un silencio sepulcral ante la estafa, legalizando el vasallaje sin pudor alguno.
Sin embargo, la pavorosa velocidad del empobrecimiento popular hizo síntoma, tornando estéril el relato oficialista: la inmensa mayoría del Pueblo se encontró impedido de acceder a los servicios esenciales; aquellos que pudieron sostener el pago de las tarifas, se vieron severamente empobrecidos en sus ingresos en virtud del porcentaje salarial que debían reservar para pagar el brutal tarifazo. En el área energética, la situación se tornó insostenible. Habida cuenta de la transferencia de costos que necesariamente debían realizar los emprendimientos comerciales y productivos, la inflación –ya en pleno crecimiento a causa de la devaluación descontrolada– se incrementó considerablemente, lesionando al conjunto del circuito económico nacional. Al ver caer sus ventas producto de la carestía de la vida, cientos de miles de comercios no pudieron seguir pagando las tarifas, debiendo cerrar sus persianas. Del mismo modo ocurrió con el sector empresarial que, en el mejor de los casos, debió dejar de producir para evitar la quiebra definitiva. La reacción anti-tarifazo se vio plasmada en las elecciones del 11 de agosto y del 27 de octubre de 2019, cuando el Pueblo votó masivamente al Frente de Todos, desplazando del gobierno al gobierno liberal oligárquico de Mauricio Macri. La cuestión de los servicios públicos tuvo un peso considerable en la decisión del Pueblo de votar en contra del proyecto que las representó abierta e indisimuladamente.
La derrota de Cambiemos no debe verse, sin embargo, como cambio de conciencias de los sectores medios frente a la antinomia “estatal – privado”. Sin embargo, la experiencia reciente ha estimulado el rechazo de la masa al privatismo asfixiante. Dicho rechazo debe ser capitalizado por el Movimiento Nacional como impulso para retomar el debate del modelo de servicios que nos debemos las y los argentinos. Ante el grado de vulnerabilidad estatal heredada, plantear grandes expropiaciones resulta ilusorio. Más el debate debe darse antes que la memoria activa se enfrié.
Pensar el modelo de Servicios Públicos que debe tener la Argentina nos lleva necesariamente a pensar la Cuestión Nacional, y más precisamente, el Modelo Argentino que aún, a casi medio siglo de ser pensado por Perón, no se ha retomado. Sea cual sea el esquema que se elija para la reconstrucción de nuestro sistema de servicios, debemos pensarlo en el marco de una comunidad que se organiza en función de objetivos sólidos y concretos. Para ello, será necesario desterrar para siempre la hegemonía del sistema privado de empresas ligadas al Capital Trasnacional. La experiencia 2015-2019 ha demostrado la más absoluta incompatibilidad del privatismo con los intereses de las grandes mayorías nacionales. Comprender esto es el paso inicial hacia la construcción de un sistema nacional, popular y autónomo que permita el desarrollo industrial soberano del país y garantice los Derechos Humanos elementales a cada compatriota que habite suelo argentino.
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